La vacuna de AstraZeneca lleva meses poniendo a prueba las costuras de las relaciones entre el Gobierno y las comunidades por la decisión de suspender su uso en menores de 60 años y dejar en el limbo a unos dos millones de personas que ya habían recibido una primera dosis. El empeño de la ministra, Carolina Darias, de evitarla a toda costa –y de casi la mitad de las comunidades de administrarla– ha llevado esta semana a la decisión inédita de permitir que este colectivo de ciudadanos -trabajadores esenciales como policías, militares o profesores- elija si continúa con Pfizer o sigue con AstraZeneca. Esto quiebra la Estrategia de Vacunación y contradice lo que decía en su última actualización, hace apenas 10 días, donde se rechazaba la elección voluntaria de una u otra vacuna. También contradice lo que el Ministerio dijo en febrero: que en España no habría "cóctel de vacunas".

Gobierno y comunidades abrieron la puerta este miércoles a que los menores de 60 años con una dosis de AstraZeneca puedan ponerse la segunda de la misma marca. Será el caso excepcional, porque la pauta dice que deberá ser Pfizer. Sin embargo, podrán inyectarse el suero británico firmando un consentimiento informado si así lo deciden "por razones que estimen oportuno", según dijo Darias tras el un Consejo Interterritorial. Y, aunque la ministra insistió en que "no es una cuestión de elección", en la práctica sí lo es, y con ello se ha roto uno de los diques de contención que erigió la estrategia de vacunación para mantener el orden y la justicia del proceso: que los ciudadanos no pueden elegir qué vacuna quieren ponerse.

"Se debe tener en cuenta que la vacuna a administrar no puede ser a demanda o elección de los individuos ni del personal sanitario, so pena de socavar los principios y valores éticos de la Estrategia", dice este documento en su última actualización, del pasado 11 de mayo.

Hace menos de dos semanas, este texto que acordaron Sanidad y comunidades en la Comisión de Salud Pública descartaba ofrecer AstraZeneca "a personas de menos de 60 años que voluntariamente quieran vacunarse". "No parece el momento oportuno", indica, pues algo así "no solo puede entrar en contradicción con los principios éticos en los que se fundamenta la propia Estrategia, sino que, además, si aún no se dispone de suficiente información para adoptar la decisión más adecuada, el valor del consentimiento informado como garantía de una decisión autónoma, sería muy discutible".

La validez de esta parte del documento duró exactamente nueve días, los que han pasado desde su publicación y el Consejo Interterritorial de Sanidad que este miércoles decidió que los menores de 60 años con una dosis de AstraZeneca pueden elegir recibir la segunda de la misma marca, aun cuando la instrucción es que reciban Pfizer, siempre firmen un consentimiento informado que se descartaba hace poco más de una semana. La confirmación de que ha quedado obsoleto llegó el viernes, cuando Sanidad propuso a las comunidades incluir una "nota" con los últimos acontecimientos relativos a AstraZeneca -que la segunda dosis sea de Pfizer y la posterior opción de preferir AstraZeneca-, acompañados del informe del Comité de Bioética, que se ha mostrado "contrario" a elegir vacunas pero ha hecho una excepción en este caso, por motivos de "salud colectiva".

Darias contra todos

Con decisiones contradictorias en apenas un día y excepciones a la norma es  como se logró un equilibrio entre dos bandos enfrentados por AstraZeneca desde hace semanas. Por una parte, una ministra de Sanidad, empeñada en que la segunda dosis debía ser de Pfizer, hasta el punto de desoír la opinión de sus propios expertos de la Ponencia de vacunas y los informes de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

En el otro lado, comunidades de todo signo político que desde el principio apostaron por seguir la vacunación con AstraZeneca, a pesar del ensayo clínico del Instituto de Salud Carlos III que esta semana sostuvo que la combinación de dosis de AstraZeneca y Pfizer es segura y efectiva.

Este también ha sido un tema de discrepancia en materia sanitaria entre Gobierno y Comunidad de Madrid, pero no solo. A autonomías del PP como Andalucía, Castilla y León o Murcia se sumaron en esta causa otra socialistas como Aragón o Castilla-La Mancha, así como Cataluña o País Vasco, gobernadas por ERC y JxCAT y PNV. El resultado es un acuerdo que deja la decisión sobre qué vacuna ponerse en manos de los ciudadanos afectados.

El origen de la controversia alrededor de AstraZeneca en España tiene que ver con la súbita decisión del 7 de abril de suspender la vacunación con AstraZeneca a los menores de 60 años. Desde hacía más de un mes, policías, guardias civiles, militares, bomberos o profesores habían empezado a recibir su primera dosis de AstraZeneca, dentro del grupo de trabajadores esenciales a los que había priorizado la Estrategia de Vacunación tras sanitarios, dependientes o ancianos.

La progresiva notificación de escasos pero extraños y graves episodios trombóticos por Europa hizo saltar todas las alarmas  -y también los miedos a cargar con la responsabilidad política de efectos adversos muy minoritarios pero graves-. En un solo día, la EMA certificó que existían "posibles vínculos" entre los trombos y la vacuna de AstraZeneca, los ministros de Sanidad de la UE se reunieron de urgencia sin alcanzar una posición común sobre qué hacer y después, en España, el Consejo Interterritorial de Sanidad determinó administrarla solo a la población de entre 60 y 65 años.

Así quedaban fuera los menores de 60 años, incluidos los que ya tenían una primera dosis, casi dos millones de personas que quedaron en el limbo porque entonces no se dio una respuesta a cómo debían conseguir la inmunización completa. Al día siguiente, hubo un nuevo cambio y Sanidad prescribió AstraZeneca entre los 60 y 69 años. Quedaba prácticamente marcado el estrecho espacio en España para una vacuna 'maldita' de la que la UE de momento no comprará más dosis y que en España previsiblemente solo se pondrá a ciudadanos en esa década, siempre que no haya otras disponibles en le caso de los mayores de los 65.

Dos negaciones

Ha sido precisamente la búsqueda de una alternativa para los menores de 60 con una primera dosis puesta la que ha obligado a Sanidad a desdecirse hasta en dos ocasiones de sus planes de vacunación. 

Por una parte, Darias descartaba en febrero la combinación de vacunas y ahora se ha convertida en la principal defensora de administrar Pfizer a quienes ya han sido vacunados con AstraZeneca. Para ello, se ha escudado en un ensayo clínico que asegura que es seguro y eficaz y para el que la ministra promovió ampliar de forma excepcional el intervalo entre las dos dosis, de 12 a 16 semanas. 

El ensayo ha sido cuestionado por su reducida muestra, pero sus conclusiones preliminares fueron la base de la decisión de combinar vacunas, pese a que los técnicos de la Ponencia de Vacunas han propuesto repetidamente poner segundas dosis de AstraZeneca a las personas de entre 40 y 60 años. Darias desoyó este planteamiento y la posición de hasta siete comunidades en contra de combinar vacunas. Desde Aragón, que se abstuvo porque no se siguió la opinión de los expertos, hasta Madrid o Andalucía, que llevan meses reclamando no solo administrar AstraZeneca a los menores de 60 años con una dosis puesta, sino eliminar el límite de edad para poder administrarla a cualquier franja.

Finalmente, esa frágil decisión de poner Pfizer duró menos de 24 horas. El Consejo Interterritorial del miércoles dio luz verde a permitir elegir entre una segunda dosis de Pfizer y AstraZeneca que convertirá a casi dos millones de personas en los prescriptores de su inmunización contra la Covid.